Traducciones al francés en Canadá: ¿puente o barrera para el acceso a la justicia?
Las decisiones y políticas gubernamentales, tanto en el ámbito federal como en el provincial, tienen un impacto directo en la protección y la promoción de la identidad cultural y los derechos lingüísticos de las comunidades francófonas en Canadá. Además de mitigar o exacerbar las tensiones lingüísticas, según el caso, estas decisiones con frecuencia se traducen en leyes que tienden a fomentar el aprendizaje del francés y a garantizar los derechos de las personas francófonas en sus intercambios con el Estado, entre ellos, el acceso a la justicia. Revisar y ajustar constantemente este marco jurídico que reconoce y protege los derechos lingüísticos de la comunidad francófona es esencial para garantizar su cumplimiento. Al mismo tiempo, dicha labor actúa como muestra concreta y tangible de la defensa de los derechos de todo grupo minoritario —dentro de los límites establecidos por la ley— en un Estado de derecho.
No hay duda de que, en un país oficialmente bilingüe como Canadá, garantizar y promover el cumplimiento de estos derechos es tarea del gobierno, que debe ejecutar su labor de “guardián lingüístico”. Esto es así porque el derecho a la lengua, como todo derecho cultural, requiere de protección jurídica para conservar su efectividad, pero además la ley federal obliga específicamente al Estado —y no a la ciudadanía— a tomar los recaudos necesarios para atender a las necesidades de la población francófona.
Para oficializar el derecho a la lengua francesa, en 1969, se sancionó la primera Ley sobre los idiomas oficiales1. Luego, en 1988, una reforma vino a salvar ciertos vacíos legales que la ley anterior contenía. Más recientemente, en junio de 2023, se sancionó la nueva Ley sobre los idiomas oficiales (proyecto C-13), que busca fortalecer aún más las medidas de protección del francés en el ámbito federal. Por su parte, en 1982, la Carta Canadiense de Derechos y Libertades2 otorgó al idioma francés, en su artículo 16, inciso 1, la condición de idioma oficial, lo que lo coloca al mismo nivel que el inglés y le otorga idénticos privilegios en todo lo que se refiera a su uso en los marcos institucional y parlamentario.
En Quebec, la situación es distinta de aquella de los demás territorios canadienses. En efecto, en 1977, el parlamento quebequense adoptó la Carta sobre el idioma francés3, que consagró al francés como único idioma oficial de la provincia. No obstante, debido a que la situación cambió con el transcurso de los años, especialmente con la llegada de Internet y de las redes sociales, el gobierno actual sintió la necesidad de reforzar la protección del francés en la provincia. Con ese fin, en junio de 2022, la Ley sobre el idioma oficial y común de Quebec, el francés4 propuso modificaciones a la Carta sobre el idioma francés. Sin embargo, en agosto del mismo año, el Tribunal Superior de Quebec suspendió, hasta que se dicte sentencia, la entrada en vigor de dos de dichas modificaciones.
Un puente hacia la justicia
Con la formalización de los derechos lingüísticos, la traducción es, en numerosas ocasiones, el único vehículo del que la población francófona dispone para hacer valer su derecho constitucional de comunicarse únicamente en francés y acceder a la justicia en su propio idioma. En este contexto de bilingüismo, no sería descabellado suponer que la protección jurídica es herramienta suficiente para garantizar el proceso de traducción de todo documento importante dirigido a la ciudadanía canadiense en su totalidad. Desafortunadamente, la teoría está muy lejos de concretizarse en la práctica.
A modo de ejemplo, a fines de 2021, el comisionado de idiomas oficiales de Canadá recomendó a la Corte Suprema de Justicia hacer traducir sus fallos anteriores a 1970. Esta solicitud se basó en dos motivos principales: por una parte, no traducir las sentencias contraviene las disposiciones de la normativa vigente; por la otra, la traducción al francés es fundamental para garantizar el acceso a la justicia de toda la ciudadanía en forma equitativa. Hasta el momento, dichos documentos no se han traducido debido a la falta de recursos económicos. Para ilustrar incluso más la situación, en 2022, el comisionado de idiomas oficiales recibió unas 40 quejas en relación con la calidad del francés de las comunicaciones emitidas por el Ministerio de Inmigración de Canadá5, así como por la falta de servicios ofrecidos en francés por dicho organismo. En la esfera provincial, el informe del comisionado de servicios en francés6 de Ontario sostuvo que, entre el 1 de octubre 2022 y el 30 de septiembre de 2023, su oficina recibió 386 quejas relacionadas con la falta de servicios en francés y con numerosos errores en la versión francesa de ciertos exámenes profesionales. El comisionado afirmó que la problemática se relaciona con las decisiones de financiación por parte del gobierno de Ontario. En efecto, la tarea de construir el puente que permita a los hablantes de francés “cruzar” desde la esfera angloparlante para recibir servicios en su propio idioma es exclusivamente de las autoridades, tanto federales como provinciales, y esto requiere de un presupuesto acorde con la tarea. La inacción —o la acción insuficiente— del gobierno en lo que respecta a las traducciones al francés se erige como una barrera invisible que perpetúa la inferioridad de condiciones en la que se encuentran los francófonos en materia de acceso a la justicia.
Acción política y equidad lingüística
Es evidente que el límite a la promoción, defensa y cumplimiento de los derechos lingüísticos estará dado por el nivel de compromiso del gobierno y, como consecuencia directa, por el presupuesto que para ello se asigne. De nada sirve contar con leyes de fondo cuando no se respetan las formas que la normativa prescribe. Es por ello por lo que la conformidad del Estado con las leyes que garantizan el acceso a la justicia en francés debería estar entre las prioridades del gobierno de Canadá para lograr la equidad lingüística. Si esto no ocurre, la contravención va mucho más de una mera falta a la normativa interna. Entre las repercusiones que se suscitan, la vulneración del derecho a entender de la población quebequense es una de las más graves. El derecho a entender está consagrado en varios instrumentos internacionales sobre DD. HH., tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), que Canadá ratificó en 1976. De hecho, casi todos los instrumentos internacionales sobre DD. HH., al abordar el tema de las garantías judiciales, hacen alusión de manera expresa o implícita al derecho a entender.
Como es de esperar, la política permea todos los ámbitos de la sociedad. Considerando que es el Estado mismo quien se obliga a observar la normativa vigente, las decisiones políticas juegan un papel fundamental en el cumplimiento del deber de respetar los preceptos previstos por la ley en materia lingüística. La decisión de no traducir menoscaba la eficacia y la accesibilidad a los servicios gubernamentales, así como la promoción de la igualdad y el reconocimiento de la minoría lingüística oficial de Canadá. En este sentido, la cantidad y la calidad de la traducción en el ámbito gubernamental deviene en un reflejo de las políticas nacionales y provinciales, así como de los compromisos políticos con el bilingüismo canadiense. La provisión rápida y eficaz de traducciones de buena calidad en ambos idiomas oficiales no es únicamente una cuestión de igualdad lingüística; es asimismo un reconocimiento concreto y amplio de la identidad francófona en Canadá y una forma de garantizar el derecho a entender, responsabilidad absoluta y objetiva del Estado, único garante del acceso equitativo a la información, a la justicia y a los servicios públicos.
Referencias bibliográficas
CanLII (1993). Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada. [Ley constitucional de 1982. Anexo B de la Ley de 1982 sobre Canadá].
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#document
Gougeon-Pelletier, E. (2023). Le français dans certains examens professionnels laisse à désirer. [El francés en ciertos exámenes profesionales deja que desear]. En l-express.ca.
https://l-express.ca/le-francais-dans-certains-examens-professionnels-laisse-a-desirer/
Gouvernement du Canada [Gobierno de Canadá]. (s/f). Historique de la Loi sur les langues officielles. [Historia de la Ley sobre los idiomas oficiales].
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/canadiens-loi-langues-officielles/historique-loi-langues-officielles.html#
Gouvernement du Canada [Gobierno de Canadá]. (s/f). Plan d’action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration. [Plan de acción para los idiomas oficiales 2023-2028: protección-promoción-colaboración].
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/langues-officielles-bilinguisme/plan-action-langues-officielles/2023-2028.html#a11c
Gouvernement du Québec [Gobierno de Quebec]. (s/f). Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. [Ley sobre el idioma oficial y común de Quebec, el francés]. https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/langue-francaise/loi
1) En francés, Loi sur les langues officielles
2) En francés, Charte canadienne des droits et libertés.
3) En francés, Charte de la langue française.
4) En francés, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français.
5) En francés, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
6) En francés, commissaire aux services en français.
